22/05/2020

Sociedad VOLVER

Martínez: "En discapacidad, los que toman decisiones hacen la plancha"

La presidenta de la asociación civil del Taller Protegido Tandil, Lourdes Martínez, promovió un reclamo al Gobierno Nacional por un subsidio prometido y todavía no ejecutado en beneficio de estas instituciones.

Actualmente, el taller local está abierto pero sólo trabaja el personal supervisor: los auxiliares que conducen cada uno de los espacios de labor. Los 66 operarios, restantes, que son personas con discapacidad, "están en su casa, cuidándose".

Las ventas se realizan "online" pero tienen las limitaciones propias de esta plataforma. Martínez rescata que con lo recaudado por este medio se "manejan" pero apenas les alcanza para sostener el espacio.

Los auxiliares deben realizar el trabajo que a diario realizan los operarios para que no se corte el flujo de fondos pero el desafío es "arduo".

Martínez admite que, como institución, cumplen sus obligaciones mensuales: pago de servicios, salarios, aportes y mantenimiento. En parte lo hacen con los salarios complementarios que aporta el Estado.

Pero el reclamo que han iniciado es para otros talleres del país que no tienen las mismas herramientas que el tandilense y para que los operarios puedan sostener su ingreso. "Si los talleres cierran, se quedaría un montón de gente con discapacidad en la calle", argumentó.

Reclama que el Estado piense en ellos como pensó en el resto de los trabajadores de las PyME. Con una diferencia: a los discapacitados les cuesta más conseguir trabajo y deben sostenerse con magras pensiones que no alcanzan.

"Creo que tenemos que ser empáticos. Deben bajar algo que llegue a los talleres para que no tengan que cerrar. Ya lo prometieron y ahora queremos que lleguen los subsidios", insistió Martínez.

El reclamo formal al Jefe de Gabinete Nacional

"Los Talleres Protegidos somos entidades estatales o privadas bajo dependencia de asociaciones civiles o fundaciones con personería jurídica, reconocidas como de bien público y sin fines de lucro, que tienen como finalidad la producción de bienes y/o servicios y cuya planta está integrada por personas con discapacidad mental y/o intelectual.

Mediante el Programa de Apoyo a los Trabajadores de los Talleres Protegidos del Ministerio de Trabajo (Programa 385), el Estado asiste a los trabajadores con discapacidad con un incentivo que a la fecha asciende a $ 3300 mensuales (hasta abril era de $ 1600.00), suma meramente simbólica ya que no se consiente que eso pueda ser considerado "sueldo" acorde a las tareas que cada uno realiza en el Taller. Tema aparte será llevar nuestro reclamo por la plena vigencia de la Ley 26816 - Régimen de Trabajo Protegido para las personas con discapacidad y dar así respuesta a derechos laborales y jubilatorios vulnerados desde hace muchos años."

Pero, las instituciones que gestionan esos emprendimientos productivos, salvo en una Provincia, no reciben asistencia económica alguna por parte del Estado para hacer frente a sus obligaciones mensuales (sueldos, cargas sociales, pago de servicios, seguros, costos por mantenimiento de equipamiento o edilicio, etc.)

Desde antes de la declaración de la cuarentena obligatoria que nuestras puertas están cerradas y nuestros trabajadores en casa cuidándose.

Los Talleres Protegidos no tenemos recursos para sostenernos, seguimos siendo invisibles. En esta invisibilidad no hay banderas políticas que diferencien las acciones de los distintos gobiernos, por el contrario.

La invisibilidad del trabajo que se lleva a cabo puertas adentro de los talleres y la dificultad que conlleva sostenerlo, también es una realidad. No somos empresas, ni PYMES, somos "empresas" de la economía social y solidaria en su gran mayoría Asociaciones civiles fundadas por padres o familiares de personas con discapacidad, quienes a través de los años seguimos sosteniendo económicamente la estructura de esas instituciones.

El gran desafío es convertirnos en proyectos o unidades productivas inclusivas y autosustentables donde la dignidad de la persona se construya desde el concepto de trabajo, atendiendo a la autonomía, autodeterminación y sustentabilidad de las personas con discapacidad. Suena utópico, parece más deseo que realidad, sobre todo cuando somos las otras víctimas silenciosas de una secuencia de crisis económicas que nos golpean sin previo aviso.

Es ahí, donde el Estado debe estar presente y ante quien hemos hecho llegar nuestro pedido de auxilio para evitar el cierre de los lugares de trabajo de casi 10000 personas a nivel nacional.

El Dr. Claudio Espósito, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, en reunión virtual del 30/04/2020 con la Comisión de Discapacidad de la HCDN comprometió fondos de Ley de cheques para la asistencia financiera para los Talleres Protegidos.

Dicho Programa debe ser autorizado por Decisión Administrativa mediante la firma del Jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero según los propios dichos por parte del Dr. Espósito y el Sr. Etcheverry, Director Ejecutivo y Jefe de Gabinete de ANDis y de eso hace ya 2 semanas.

Dos semanas sin novedades sobre los fondos dispuestos para los Talleres y sin tener explicación alguna válida para una demora que no dará tregua a muchas de las Instituciones que deberán cerrar definitivamente sus puertas después de muchos años de ardua labor.

Por la urgencia expuesta en éste es que solicitamos al Sr. Jefe de Gabinete de Ministros proceda a la firma inmediata de la Disposición Administrativa que regula el otorgamiento de Fondos de Ley de Cheques para la Asistencia para los Talleres Protegidos".


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